Ecuador: Escalada de violencia y criminalización contra la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi y su presidente Wayra Alvarado
Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la escalada de ataques violentos, hostigamientos y procesos de criminalización contra la comunidad indígena Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi, ubicada en la provincia de Napo en la Amazonia ecuatoriana, así como contra su presidente y defensor de derechos humanos Kambak Wayra Alvarado Andy. Los ataques forman parte de un proceso sostenido de despojo territorial vinculado a los intentos de la empresa Terraturismo S.A. de tomar control del territorio ancestral de la comunidad. Lo que ha puesto en grave peligro su integridad física, sus medios de subsistencia y su derecho a su territorio.
La comunidad kichwa Tzawata-Ila-Chukapi ha habitado el cantón de Archidona, en la provincia de Napo, donde durante generaciones ha mantenido una estrecha relación espiritual, cultural y de subsistencia con su territorio. La comunidad ha defendido desde hace mucho tiempo sus tierras indígenas ancestrales contra la colonización, la apropiación de tierras y las actividades extractivas que amenazan su modo de vida y sus derechos colectivos. Durante más de una década, sus miembros han sido objeto de amenazas, vigilancia, acoso y actividades de deforestación. Estas actividades tienen su origen en los procesos de colonización promovidos por el gobierno ecuatoriano en la década de 1950, cuando se otorgaron tierras ancestrales a actores privados sin el debido reconocimiento de la ocupacion historica del pueblo indigena Kiwcha en ese territorio.
Kambak Wayra Alvarado Andy es el actual presidente de la comunidad y un reconocido defensor de derecho al territorio y de los pueblos indígenas. Como parte de su labor, ha representado a la comunidad ante instituciones nacionales y organizaciones internacionales, denunciando los impactos negativos en su territorio ancestral y exigiendo el respeto a sus derechos colectivos —por lo cual ha sido objeto de amenazas, acoso y criminalización—.
La comunidad ha declarado que ha habitado su territorio indígena ancestral desde antes de 1900. Afirman haber recuperado parte de este territorio en 2008, y haber recibido reconocimiento oficial mediante un acuerdo ministerial en 2011. Sin embargo, se han perdido aproximadamente 627 hectáreas de sus tierras desde 2016, cuando Terraturismo S.A. supuestamente adquirió dicho terrenos.
Aunque la empresa inició un proceso de desalojo en diciembre de 2025 con base en una orden de desalojo previa, este fue desestimado por la Superintendencia de Policía de Napo tras identificarse irregularidades en la orden. A la luz de la desestimación, la Defensoría del Pueblo también instó a las autoridades a abstenerse de tomar cualquier medida que resultara en el desalojo de la comunidad. No obstante, Terraturismo S.A. ha seguido tomando medidas para expulsar a la comunidad de su territorio. Mientras tanto, investigaciones periodísticas han acusado a la empresa de llevar a cabo actividades distintas a las turísticas en las que afirma estar involucrada.
Desde 2026, la comunidad ha denunciado incursiones de personal de la empresa y guardias de seguridad privados que utilizan maquinaria pesada, portan armas, destruyen pequeñas parcelas de tierra (chakras) —que son esenciales para el sustento de las familias— e interrumpen los servicios básicos. El 10 de junio de 2026, aproximadamente 200 personas vinculadas a la empresa ingresaron al territorio en un intento de desalojo, lo que dejó al menos a tres personas gravemente heridas y a varias más con lesiones. Se reportaron nuevos intentos de ingresar al territorio, así como ataques, los días 1 a 3 y 15 de julio de 2026. A pesar de las repetidas denuncias ante las autoridades policiales, la comunidad afirma que las fuerzas de seguridad no han tomado medidas para prevenir o detener estos incidentes.
Los ataques denunciados han ido acompañados de la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos que han desempeñado un papel relevante en la organización de la defensa del derecho de la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi sobre sus tierras ancestrales. El presidente de la comunidad, Wayra Alvarado, enfrenta actualmente cuatro denuncias penales, presentadas entre febrero y julio de 2026 por personas vinculadas a Terraturismo S.A. Los denunciantes alegan ocupación ilegal y acaparamiento de tierras en su territorio. Los casos también incluyen cargos de difamación relacionados con declaraciones que el defensor de derechos humanos ha hecho sobre la protección de las tierras ancestrales de la comunidad. Como resultado de estos intentos de criminalizarlo, fue detenido el 7 de mayo y actualmente se encuentra en libertad condicional como alternativa al encarcelamiento. Otros miembros de la comunidad y organizaciones indígenas aliadas también han sido objeto de denuncias penales.
Estos hechos son un ejemplo de la persecución que sufren quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador, incluyendo a quienes defienden sus territorios ancestrales, lo cual pone en peligro el ejercicio legítimo del derecho a defender los derechos humanos.
Front Line Defenders expresa su preocupación por la combinación de violencia física, intentos de desalojo, destrucción de medios de vida y criminalización que enfrenta la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi. Front Line Defenders considera que la criminalización de Wayra Alvarado forma parte de un patrón de uso del sistema de justicia para obstaculizar la defensa legítima del derecho al territorio de los pueblos indígenas e intimidar a la comunidad.
Front Line Defenders insta a las autoridades ecuatorianas a investigar de manera inmediata e independiente los ataques contra la comunidad Kichwa Tzawata-Ila-Chukapi; a identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables, tanto a los autores materiales como a los intelectuales; a garantizar la protección efectiva de la comunidad y sus liderazgos; a abstenerse de tomar cualquier medida que implique un desalojo contrario a los compromisos de Ecuador en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; a retirar los cargos contra Wayra Alvarado, así como en los casos de otros miembros de la comunidad y aliados; y a garantizar que Wayra Alvarado y otras personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor legítima en defensa del territorio sin violencia, amenazas, acoso ni criminalización.
