Comunicado conjunto Ecuador: Bloqueo de cuentas bancarias obstaculiza el ejercicio de derechos colectivos de UNORCAC y su defensa de derechos humanos

Las organizaciones abajo firmantes condenamos enérgicamente el bloqueo de las cuentas bancarias de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), así como de las cuentas personales de sus integrantes, del que tuvieron conocimiento el pasado 29 de mayo. Esta acción no solo obstaculiza el funcionamiento y la labor de defensa de derechos de la UNORCAC, sino que también limita el ejercicio de los derechos colectivos de sus integrantes. Las organizaciones firmantes expresamos también nuestra profunda preocupación por el uso reiterado de estas prácticas en Ecuador, especialmente contra organizaciones y defensores de derechos indígenas.

La UNORCAC tiene más de 50 años de trayectoria y representa a 48 gobiernos comunitarios y diversos grupos organizados del cantón de Cotacachi. El bloqueo de sus cuentas causa afectaciones a su funcionamiento integral que no solo son patrimoniales; también se ve afectada su capacidad para desarrollar actividades de promoción de derechos colectivos, soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, defensa de la identidad cultural, protección ambiental y fortalecimiento del tejido social comunitario. Tiene impacto directo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, laborales y contractuales, lo que pone en riesgo su sostenibilidad y la continuidad de sus proyectos de protección de las comunidades. Asimismo, se ven afectados los apoyos humanitarios y de protección que la UNORCAC brinda a al menos 18 personas -y sus familias- quienes fueron gravemente heridas por el uso excesivo de la fuerza por agentes estatales durante las movilizaciones sociales de septiembre y octubre de 2025.

Actualmente, cinco cuentas de la organización y de sus integrantes tienen órdenes de bloqueo. La UNORCAC conoció informalmente esta medida, implementada sin notificación previa, motivación suficiente ni acceso a información que la sustente. Esta orden administrativa fue posteriormente ratificada judicialmente; sin embargo, la organización ha enfrentado dificultades para acceder al expediente, pese a múltiples solicitudes ante instancias gubernamentales, incluida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las solicitudes han sido respondidas invocando el carácter reservado de la información y, además, las gestiones se realizan en Quito, implicando traslados exigentes para sus integrantes. Fue solo al acudir a instancias judiciales que obtuvieron acceso parcial a la información. Es especialmente alarmante que el motivo del bloqueo se base en informes de inteligencia aún inaccesibles, y que se pretenda vincular a la UNORCAC con presuntos delitos financieros en un contexto de criminalización contra organizaciones y personas defensoras indígenas tras las protestas de 2025.

La UNORCAC es una de las organizaciones impactada por este contexto, y viene enfrentando un preocupante proceso de persecución y criminalización. Al menos 30 integrantes de la organización están siendo procesados penalmente por su participación en las protestas nacionales de 2025. Para responder a este escenario, la organización ha buscado el reconocimiento legal de sus derechos colectivos, particularmente el derecho a ejercer la jurisdicción indígena, como ruta alternativa y prioritaria antes de la aplicación del derecho penal. Debido a la negativa reiterada de la Fiscalía General del Estado de reconocer esos derechos, criminalizando a integrantes de la organización e incluso exigiendo que sus solicitudes se presentaran únicamente por medio de abogado, la UNORCAC promovió una acción de protección contra la Fiscalía General del Estado. El 12 de junio de 2026, un juez de la Unidad Judicial de Ibarra les dictó decisión favorable, reconociendo que la Fiscalía debe respetar el ejercicio de la jurisdicción indígena y el derecho propio, con carácter previo al inicio de procesos penales por parte del Estado. Aunque la decisión inicial fue favorable para UNORCAC, la Fiscalía apeló dicha resolución y los procesos penales en la justicia convencional por la vía ordinaria continúan, profundizando la incertidumbre jurídica que enfrenta la organización y que afecta a las comunidades y pueblos indígenas que representa. En este escenario de persecución y criminalización, el bloqueo de las cuentas de UNORCAC también impacta y limita su capacidad para sostener los procesos de defensa, acompañamiento legal y debido proceso en estos casos ante la justicia ordinaria.

Desde las protestas de 2025, el bloqueo de cuentas bancarias y los procesos penales subsecuentes se ha consolidado como un patrón recurrente de actuación de las autoridades ecuatorianas contra personas defensoras, líderes comunitarios, organizaciones y movimientos sociales, afectando sus medios de vida y el ejercicio de sus derechos. Así como le ha pasado con la UNORCAC, los procesos se caracterizan por la falta de notificación oportuna, la opacidad en el acceso a información clave y la ausencia de transparencia, vulnerando el debido proceso . Estas medidas tienen un claro efecto intimidatorio sobre quienes defienden los derechos humanos, la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador.

El espacio cívico en Ecuador está cada vez más restringido por leyes y prácticas que limitan la participación de la sociedad civil, como el uso injustificado del concepto de «conflicto armado interno» para criminalizar las protestas, los controles de inteligencia sin garantías judiciales y la persecución de quienes defienden los derechos humanos, la naturaleza y los pueblos indígenas. A esto se suma el bloqueo de cuentas, que se une a otras medidas administrativas y penales que buscan debilitar y silenciar a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos y en la protección de los territorios.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más profunda preocupación por el bloqueo de cuentas bancarias y la persecución reiterada de la que es objeto UNORCAC, lo que impide el funcionamiento diario de la organización y su labor de defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas a las que representa.

Por lo anterior, también instamos a las autoridades ecuatorianas a: 

1. Levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de UNORCAC y de sus integrantes, así como de otras organizaciones aliadas afectadas; 
2. Asegurar una revisión de la medida judicial con participación de las personas afectadas, que permita su evaluación y habilitar el uso de recursos para atención médica, apoyo humanitario y cumplimiento de obligaciones laborales y otras responsabilidades de la UNORCAC; 
3. Garantizar que la UNORCAC tenga acceso suficiente a la información necesaria para ejercer su defensa, evitando que la clasificación como información reservada o de inteligencia financiera limite o impida este derecho;
4. Cesar el uso de mecanismos administrativos, financieros y penales como formas de criminalización de la protesta social y de la defensa de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, garantizando además el respeto a la jurisdicción indígena, el pluralismo jurídico y la autonomía organizativa de los pueblos indígenas.

FIRMAN:

• CIVICUS, Alianza Global para la Participación Ciudadana
• Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
• Front Line Defenders
• Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos
• World Rainforest Movement (WRM)